Cita . Un aspecto de la charla del gobierno, a la que asistieron también trabajadores de FCC. / MARIAN |
-
MARIAN GONZALEZ
- OÑATI
MARIAN GONZALEZ
A vueltas con la gestión de la limpieza viaria
El gobierno municipal explicó la viabilidad económica y aspectos jurídicos de la «publificación» del servicio
Habló de «posibles medidas de flexibilidad para favorecer la situación de los actuales empleados de FCC» ante la OPE propuesta
La decisión del gobierno oñatiarra de remunicipalizar, publificar o recuperar la gestión directa del servicio de limpieza viaria ha abierto un debate sobre la situación en la que se quedan los diez trabajadores de FCC (subcontrata que presta el servicio desde 1998), y confrontado las políticas de privatización o externalización de servicios con las de publificación.
Asumir las responsabilidades que antes se habían cedido a empresas privadas es, en teoría, fácil, no hay más que poner fin al contrato de servicios. Pero la situación en la que se quedan los trabajadores, algunos con una antigüedad de 23 años en el caso de la limpieza urbana de Oñati, es mucho más compleja y delicada.
Los trabajadores y el sindicato que les representa, ELA, defienden la subrogación automática de las condiciones laborales, y el gobierno municipal se ampara en la ley para convocar una oferta pública de empleo. Unos y otros defienden sus posturas y tratan de buscar caminos para dar salida al conflicto laboral con fecha de caducidad: porque el 1 de octubre de 2016, el ayuntamiento volverá a gestionar directamente el servicio.
El martes, los representantes sindicales de ELA y el alcalde tuvieron una nueva reunión en la que no hubo grandes novedades. El gobierno municipal de EH Bildu mantiene la creación de plazas a través de una oferta pública de empleo «respetando el principio de concurrencia de cualquier ciudadano», pero les habló de «posibles medidas de flexibilidad» para favorecer la situación de los actuales empleados.
Al respecto, en la charla vespertina que el gobierno dio a la ciudadanía en Kultur Etxea, Mikel Biain habló de «consensuar una ponderación adecuada de los méritos de los trabajadores, así como un plazo para la acreditación del perfil lingüístico mínimo».
También incidió en que «aunque en el convenio de limpieza viaria de Gipuzkoa se establece el derecho a subrogación, ésta no es aplicable a empresas que no se dediquen a prestar dichos servicios, como es el caso de los ayuntamientos».
Por otro lado abordó la viabilidad económica de la asunción del servicio por parte del ayuntamiento, junto a otros aspectos jurídicos y sociales del conflicto. El alcalde, acompañado en la mesa por las ediles Nerea Zubia e Irati Etxeberria, y en la primera fila por el resto de integrantes del equipo de gobierno, presentó un estudio técnico que planteaba las distintas opciones de recursos humanos y materiales que se necesitarían para dar «un servicio de calidad más eficiente, justo y económico». Insistió en la sostenibilidad económica» del nuevo modelo «porque ofreciendo el mismo servicio con los mismos medios y número de personas, resulta un 15 % más económico».
Explicó que «el coste anual de la limpieza viaria es de 520.681 euros» y que «creando diez plazas a jornada completa, seguiría siendo un 3,6% más económico, que el modelo actual». Además presentó una tercera opción que contemplaría disponer de una segunda máquina barredora y contratar a dos peones cuatro meses, lo que supondría un incremento de casi el 8% del presupuesto, pero supondría una gran mejora en la limpieza urbana».
Los trabajadores, presentes
Los empleados de FCC escucharon en las últimas filas la comparecencia y, en el turno de preguntas, agradecieron «la voluntad de llegar a acuerdos». «Entender que estamos muy preocupados -leyó en nombre de los afectados la representante sindical de ELA- y hacer todo lo posible por mantener nuestros puestos de trabajo y nuestras condiciones laborales».
Los empleados de la limpieza urbana no están en contra de la publificación y ELA también tiene «una postura clara a favor, pero asegurando una condiciones laborales dignas manteniendo «o en su caso mejorándolas». Defienden que «los puestos se mantengan hasta la jubilación o hasta que la persona trabajadora renuncie». Creen que «ése es el momento en el que se deberían llamar a las oposiciones». Se niegan a que «las decisiones de las instituciones influyan negativamente en los derechos de los trabajadores». Y es que ELA denuncia que «son ellos los que sufren las decisiones políticas cuando los servicios son subcontratados, a la vez que cuando se inician procesos de publificación sin tenerles en cuenta». La negociación no ha hecho más que empezar.
No hay comentarios:
Publicar un comentario